Es una tragedia para nuestro incipiente y todavía frágil Estado de Derecho el que cualquier persona se vea encarcelada a propósito de diferencias de opinión con el Gobierno. El abrupto encarcelamiento de la maestra Gordillo obedeció a su postura frente a lo que entonces era un proyecto de Reforma Educativa, la que fue sobre todo administrativa y que tal y como ella previó resultó en perjuicio de los derechos laborales de los maestros de México, privilegiando ese daño al magisterio por encima incluso de lograr verdaderas medidas que condujeran a la excelencia educativa que es aspiración de todos.

En tiempo record, del 13 de febrero de 2013 -a las 10.00 p.m.- al 20 de febrero del mismo (¡siete para ser exactos!), se integró completamente la averiguación previa por delitos que le garantizaran al Gobierno -por su gravedad-, la prisión preventiva de la maestra. Se hizo con prisa y con gravísimas inconsistencias. Pero sobretodo se hizo a sabiendas que las conductas imputadas no resisten un análisis jurídico serio. A final de cuentas eso no importaba si para ello se pudo “operar” que el asunto fuera puesto en manos de un Juzgado “a modo” y algunos funcionarios judiciales claves que se hicieran cargo de que las resoluciones de aquel resistieran los recursos legales de defensa que se fueran planteando en el último eslabón judicial del juicio de amparo.

Cometí el “atrevimiento” de asumir la defensa de la Maestra y tardó muy poco para que me encontrara con un panorama inimaginable aún en regímenes totalitarios (incluyendo auditorías fiscales en las que pude ver un documento con mi nombre que decía: prioridad alta, abogado de Elba Esther Gordillo). Y es que la maestra es presa política por haber sido acusada de lo que no cometió, pero más grave aún es confrontarse con una realidad que lastima aún más: El que algunos actores del Poder Judicial Federal son capaces de participar en una farsa en la que se pretende condenar sin sustento y a toda costa a quién es inocente de los delitos que le fueron fabricados.

Hoy Raymundo Rivapalacio revela, con base en fuentes judiciales, una parte de lo que ha ocurrido y le pone nombre y apellido a algunos actores de esta puesta en escena que han actuado en contra del Poder Judicial de la Federación que les dio cabida, en demérito de la autonomía, independencia e imparcialidad que debería regir sus acciones.

Al leer su columna, no pude menos que redactar estas líneas y compartirlas con mis seres queridos, amigos, estudiantes y colegas.

Hoy revisaré los pasos a seguir ante esas revelaciones que se hicieron por el prestigiado periodista y columnista, y compartiré muy pronto aspectos que corroboran lo que tan atinada y valientemente expone: la Maestra es una PRESA POLÍTICA. En el México de hoy eso es intolerable y no debemos permitir sea una anécdota más de aquellas que forman parte de la lista negra de perseguidos políticos sin consecuencia. A partir de hoy prepararemos la información llena de datos duros que evidencian ese malsano contubernio al que hace referencia Rivapalacio y los haremos públicos.

Todos aquellos Ministros, Consejeros, Magistrados, Jueces, Secretarios y demás funcionarios judiciales que no se prestan a hacer lo que hoy se sabe unos cuantos hicieron, no merecen en forma alguna se empañe su función ni el Poder Judicial al que pertenecen.

Pero aquellos que se prestaron a esta persecución política en demérito de su función judicial y que fueron desenmascarados por el periodista, cuyos actos son tan burdos que delatan su malsana participación, podrán ser evaluados por la sociedad y en particular por la comunidad jurídica nacional al exponer, como lo haremos, las acciones en las que incurrieron.

Claro está, al margen de ello se procederá a tomar las acciones jurídicas nacionales y supranacionales necesarias para poner un alto a esta puesta en escena que tanto daño le ha causado a la maestra Gordillo, su familia y compañeros; la que lesiona además ese preciado Estado de Derecho que anhelamos y que debería ser prioridad nacional.

Es una historia llena de traiciones (con la destacada participación de Juan Díaz de la Torre), complicidades e ilegalidad.

Vamos, recientemente se llegó al extremo de pretender ejecutar una especie de ley mordaza mediante una incomunicación ilegal en la que expresamente se aseveró por PGR –en escrito al Juez Caballero Vértiz-, que si la maestra tenía comunicación con el mundo exterior ello constituía un peligro para la estabilidad y seguridad nacional. Todo ello, sólo por la mera presunción de que supuestamente apoya a un candidato a la Presidencia de la República.

Es un reto para aquellos que no comulgan con el personaje público, pero que creen que en México debe existir un Estado de Derecho ante todo y para todos. Es un desafío para el magisterio nacional y para todos aquellos que tienen la convicción de que la maestra es un factor estabilizador en el marco de un México convulso. Este es en mi opinión, un caso que debe reprobarse por unos y otros ante semejantes atropellos. Ningún mexicano debe ser sujeto a persecuciones políticas en afrenta directa al Derecho, mucho menos empleando algunos pseudo funcionarios judiciales para pretender consumarlas.

Como su abogado, presentaré ante la opinión pública y ante las instancias jurídicas -incluso internacionales-, los datos duros que acreditan esta persecución y la forma en que la han orquestado.